CHARLA, DEBATE SOBRE POLÍTICA MUNICIPAL EN EL AYTO. MADRID,

 Y DESPUÉS, FIESTA

BUSCAMOS LA UNIDAD DE ACCIÓN CON LA CIUDADANÍA

El jueves 27 de junio, celebramos una jornada informativa, reivindicativa y festiva con una charla-debate a las 18,30 horas, con fiesta posterior a partir de las 20,30 horas, en el Centro Social La Dragona, en la Avda. Daroca, 50 (ver croquis en el cartel), con actuación en directo de nuestro compañero jardinero municipal Iñigo que nos deleitará con rhythmn and blues, versiones de los años 60 y 70. Cerveza, mojitos, algún tentempié y más, acompañado con buena música, completaran esta alegre y reivindicativa jornada.

La jornada va dirigida tanto a la plantilla municipal como a la ciudadanía, ya que la política municipal afecta a ambas. El objetivo que se pretende es fundamentalmente la imprescindible unidad de acción con l@s vecin@s de los barrios de Madrid, tal como está ocurriendo con otros servicios y sectores públicos. Los problemas son coincidentes:

Privatización, fundamental problema en el sector público, haciendo sus negocios con lo que nos pertenece a todos, colocación de asesores y altos cargos afines a las políticas de partido, la venta del patrimonio municipal, despidos, eres, movilidad, desaparición de empresas municipales. Y, por supuesto el pago de la deuda. Centralización, sin participación ciudadana, más tasas, impuestos, multas y continuas prohibiciones a la actividad vecinal.

Esperamos se propongan y planteen acciones y alternativas, con el fin de acabar y cambiar de sentido la actual toma de decisiones municipal, presidida por una alcaldesa no electa, y que solamente representa a las clases “acomodadas”. Por tanto, el primer paso es provocar la caída de esta corporación municipal, con su alcaldesa a la cabeza, tan lejana a los intereses ciudadanos.

BOTELLA (QUE SI HACE CASO A SU MARIDO JOSE MARI)

PREPARA EL DESMANTELAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Botella-aznar prepara el desmantelamiento terminal del ayuntamiento de Madrid, mientras nosotros nos preocupamos del horario de verano. La unidad sindical, desde la festividad de San Isidro está cacareando por acordar una reducción veraniega de nuestro horario laboral. Se sigue manteniendo por algunos sindicatos la propuesta de negociación, cuando la corporación se salta “olímpicamente” todos los derechos de l@s trabajador@s y las exigencias de la ciudadanía. Se participa en proyectos olímpicos de manera descarada apoyando y sosteniendo las políticas destructivas de la botella-gallardon. Y luego nos mostramos apenados y nos lamentamos que no quieren negociar. La corporación sigue su avance, mientras no le pongamos piedras en el camino, con el objetivo indudable de acabar con todo. Hemos defendido y seguimos defendiendo, y es una cuestión de sentido común, que tenemos que optar por posturas firmes, que sepan que somos capaces de derribar este gobierno municipal que, por otra parte, no ha elegido nadie. Hay que recuperar, primero el respeto, y luego todos los demás derechos que nos han merendado. Pero, mientras estamos mareando la perdiz, hablando de horarios, tendríamos que hablar de la supervivencia del propio ayuntamiento.

Reestructuración del sector público le llaman. Posiblemente aconsejada por su querido marido José María, Ana Botella ha anunciado la “venta” del 40,9 % del sector público municipal, lo que significa desmantelar prácticamente el ayuntamiento de Madrid. La Sra. Botella opina como todos sus correligionarios de la administración central y autonómica que fija como objetivos la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, es decir primar el pago a los bancos (casi el 25% del presupuesto) antes que la prestación de un servicio público municipal, mucho más grave, si cabe, por ser la administración municipal la más cercana al ciudadano. Todo esto agravará la situación de “miles” de compañer@s que quedan a expensas de los caprichos de los miembros de la corporación.

Eliminación de empresas municipales, privatización de otras, entre ellas, anunciada específicamente, los servicios funerarios, que ya sufrieron la venta fraudulenta y descarada del 49% por cien de las antiguas pesetas. Pero aún amenaza que seguirá con la política de tierra quemada y cual caballo de Atila, arrasar con todo el sector público municipal madrileño.

Es hora de terminar con los despropósitos de esta gente y tomarnos en serio dar una respuesta, o varias, contundente contra estas políticas que van contra la plantilla municipal y la ciudadanía. Enfrentar junt@s tod@s l@s trabajador@s, buscar la unidad con la ciudadanía a través de sus colectivos y asociaciones y, desde ya (no contamos con mucho tiempo) prepararnos para la batalla. La única batalla que se pierde es la que se abandona. 

No nos toman en serio. Nos ningunean y nos desprecian. Si seguimos en esta dirección, nos quedaremos sin reducción de horario de verano, sin paga, sin complemento y, posiblemente, sin trabajo.

Habría que reunir a todas las Juntas de Personal y Comités de Empresa del Ayuntamiento de Madrid, organismos autónomos y empresas municipales para elaborar un plan de acción con rapidez y contundencia y detenga las agresiones trabajador@s y ciudadan@s.

CARTA DE UNA TRABAJADORA DE SERVICIOS SOCIALES

Situación actual de los Servicios Sociales

 

                En estos últimos meses, los profesionales de Servicios Sociales estamos asistiendo al desmantelamiento del modelo que tanto esfuerzo ha costado construir, y que aun no cumpliendo con las expectativas,  tanto económicas como técnicas que los profesionales de lo social creíamos necesarias, sí habíamos asistido a cierta estabilización y consecución de algunos logros sociales, que actualmente, van cayendo como un castillo de naipes.

                Hemos pasado del tiempo de bonanza, en el que:

-          Se apostaba por la contratación del personal necesario, por lo que se podían realizar intervenciones sociales en profundidad, donde cada usuario disponía del tiempo y de los recursos técnicos necesarios para poder desarrollar un plan de intervención óptimo y adecuado a sus necesidades.

-          Se creaban nuevos proyectos especializados como puntos de encuentro, servicios de mediación familiar, programas específicos de empleo para personas con diversidad funcional, programas de inserción social para personas en situación de calle, alojamientos temporales para situaciones de emergencia, programas especializados en la intervención con familias acogedoras de menores… y, en general, todas las necesidades que se detectaban desde los servicios sociales municipales.

-          Se aprobó la Ley de Dependencia y ésta, aunque con distinta intensidad y mayor o menor acierto, fue siendo asumida por las Comunidades Autónomas.

-          Las personas que no contaban con recursos económicos suficientes podían acceder fácil y rápidamente a la Renta Mínima de Inserción, que además ya se había reconocido como derecho en la Comunidad de Madrid con la aprobación de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre.

-          Los presupuestos para ayudas económicas eran suficientes para cubrir las necesidades de todas las personas que acudían a Servicios Sociales.

En definitiva, durante un tiempo, los profesionales de Servicios Sociales fuimos viendo cómo las reivindicaciones sociales que llevábamos años solicitando iban lográndose, y las personas que acudían a Servicios Sociales disponían de los recursos necesarios para solucionar las situaciones de dificultad que atravesaban.

Sin embargo, cuando se comienza hablar de crisis, los profesionales comenzamos a ver que desde donde empieza a recortarse es, precisamente, en los presupuestos destinados a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, encontrándonos en la actual situación:

-          Hemos visto cómo primero, aunque el número de población atendida seguía creciendo, se dejó de contratar a personal. Por el contrario, no se cubren las bajas, se han ido amortizando plazas y se ha ido despidiendo a personal eventual, poco a poco, en un goteo constante pero lo suficientemente discreto para evitar movilizaciones por parte de los trabajadores.

-          Los proyectos especializados han ido desapareciendo o dejándolos en su mínima expresión, reduciendo personal y presupuesto. También se ha buscado la discreción, en muchas ocasiones, con el beneplácito de las empresas que los prestaban, ya que la mayoría de estos servicios estaban conveniados o concertados con ongs o empresas. Es decir, la privatización de los servicios sociales públicos es una realidad desde hace años, y ha sido bendecida y amparada por partidos políticos de todos los colores. De esta manera, cuando las cosas fueron bien, era rápido y sencillo crearlos, y ahora que las cosas van mal es fácil desmontarlos, teniendo en cuenta que el personal no depende directamente de las entidades locales.

-          La Ley de Dependencia ha ido desvirtuándose poco a poco, primero con la lentitud, confusión, o incluso, oscurantismo con la que se ha ido implantando, y después con las sucesivas modificaciones a la que la han ido sometiendo. Actualmente, el baremo se ha recortado de tal manera que debes ser un gran dependiente para que se te reconozca el derecho. Además, ha traído consigo un cambio de modelo, consistente en que las prestaciones técnicas (ayuda a domicilio o teleasistencia) que antes se prestaban por parte de las entidades locales, subvencionadas en parte por las comunidades autónomas, han dejado de ser subvencionadas y son las entidades locales las que asumen en solitario el coste de este servicio si la persona no tiene reconocida la dependencia y asignado ese recurso. Esta situación ha provocado que desde las entidades locales se hayan tomado medidas que pueden ir desde la supresión de estos servicios, a la reducción de horas, o al aumento de la aportación de las personas usuarias con más recursos económicos. En muchos casos, personas que hasta ahora contaban con este servicio, se han quedado sin él, y a expensas de que se les reconozca el recurso a través de la ley de dependencia, que ya se ha señalado antes que, por otro lado, ha endurecido su baremo, con la posibilidad de que estas personas se queden definitivamente sin posibilidades de este servicio, salvo que lo paguen a una empresa privada, que por otro lado, están proliferando ante esta situación.

-          La Renta Mínima de Inserción se ha convertido en el último año en una quimera para las personas que no cuentan con recursos económicos. Esta prestación, reconocida por Ley, y subsidiaria de las prestaciones de desempleo, subsidios o pensiones, es decir, a la que se recurre cuando se han agotado todas las demás prestaciones y se carece de cualquier tipo de ingreso o éste es mínimo, hace dos años, desde que se recopilaba la documentación desde las entidades locales y se concedía en la Comunidad de Madrid, podía tardar como máximo, tres meses. Sin embargo, desde hace algo más de un año, este tiempo se ha extendido en algunos casos hasta en quince meses, a través de interminables requerimientos a las familias de documentación ya aportada o de aclaración de situaciones que no es posible demostrar documentalmente, dada la casuística y características de las familias que se encuentran en la situación de total carencia de ingresos. Esta demora provoca una situación de indigencia y total indefensión de estas familias, a las que se apoya de la mejor manera que podemos desde servicios sociales, que en muchos casos, se tiene que limitar, por lo que se explicará en el punto siguiente, a recursos meramente caritativos (albergues, comedores sociales, bolsas de alimentos…)

-          Además de que los presupuestos destinados al trámite de las ayudas de emergencia de los municipios se han visto drásticamente recortados, en la mayoría de los casos, estas ayudas no se pueden tramitar por una sencilla y dramática situación, y es que las personas que necesitan estas ayudas, antes de quedarse sin comer o dejar de pagar su vivienda, optaron por no pagar los impuestos municipales, o por dejar de pagar a Hacienda o a la Seguridad Social. Esto implica que desde la administración no es posible concederles ayudas económicas, aunque sean de subsistencia, ya que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, nos lo impide.

Esta situación hace que nos encontremos con la paradoja de que aunque los presupuestos para ayudas de emergencia, hayan sido reducidos en los municipios, acaba sobrando dinero porque, sencillamente, la gente que lo necesita no puede, por ley, acceder a estas ayudas.

Sin embargo, la dramática situación que acabo de describir, que es la que nos encontramos en el día a día de nuestro trabajo, no es nada comparado con la que empieza a vislumbrarse con la modificación de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que deja a los Servicios Sociales municipales, actuales prestadores de estos servicios, en meros evaluadores, que únicamente tendrán competencias en atender situaciones de emergencia. Es decir, los esfuerzos destinados en los últimos treinta años a que las personas fuesen atendidas desde la administración más cercana, pudiendo dar una respuesta rápida, ágil y eficaz a su situación, son borrados de un plumazo, retrocediendo a un modelo franquista en el que lo único que hay cerca del ciudadano es la caridad y la beneficencia.

Los profesionales de los servicios sociales nos encontramos aterrados ante la nueva situación, no porque en la mayoría de los casos supondrá la pérdida de nuestro puesto de trabajo, sino porque no sabemos qué va a ser de las personas que atendemos día a día, con las que llevamos interviniendo hace años, y sabemos que sin nuestro apoyo, en muchos casos dadas las circunstancias, meramente técnico, van a terminar de hundirse.

Nos sentimos aterrados porque parece que somos los únicos que ponemos cara y nombre a las personas que incrementan las cifras del paro y que ya se han quedado sin ningún tipo de colchón; a los que se quedan sin techo; a los que se quedan sin pan para alimentar a sus hijos;  a los abuelos y abuelas que se quedan solos en casa esperando un centro de día, una residencia,  un servicio de ayuda a domicilio o una teleasistencia que nunca llegará; a los dependientes que esperan que en algún momento se cumpla esa ley con la que les han engañado. En definitiva, escuchamos el grito de los invisibles, de los que les han despojado de todo y que ya no tienen ni fuerzas para luchar por lo que es suyo.

                               Fdo. Una trabajadora social de servicios sociales municipales



LA MEZQUINDAD DE LA ALCALDESA, DEJA SIN TELEASISTENCIA A GRAN CANTIDAD DE MAYORES E INSTALA EL COPAGO ASISTENCIAL.

 

Hace poco más de un mes, la Sra. Botella, alcaldesa de Madrid por la gracia del faraón, anunció, debido a la indecente, impune y tremenda deuda de madrileñas y madrileños (contraída por obra y gracia de ellos mismos), el copago del servicio de teleasistencia (un dispositivo móvil que los mayores portan y que pueden pulsar en caso de urgencia). Un servicio antes gratuito para el 98% de la población mayor madrileña y fundamental para los mayores. El copago se extenderá al 66% de los receptores actuales del servicio. El pago por este servicio, que desde que se implantó ha sido gratuito para la mayoría de los usuarios, se dividirá en cinco tramos. Aquellos que superen los mil euros al mes tendrán que pagar el máximo: 12 euros. Entre los 460 y los 615 abonarán tres euros; entre 615 y 768, seis euros y entre 768 y 1.000 euros, nueve. Los nuevos beneficiarios de teleasistencia comenzarán a pagar esta cantidad a partir del 1 de julio. A los que ya cuentan con el interruptor, se les aplicará el copago desde el 1 de enero de 2014.

A esto se añade que el nuevo contrato con las concesionarias, aprobado por la Junta de Gobierno, incluye también un recorte de los “gastos directos e indirectos”. Esto, traducido, significa que se reduce el personal que atiende las llamadas de los mayores.

Una auténtica aberración que va a dejar en una situación de peligrosa vulnerabilidad a miles de mayores o que no van a recibir la teleasistencia, o se darán de baja o los que aún sigan de alta que tendrán una merma importante en el servicio.

Pero parece que esto no es suficiente para nuestros mandatarios y quieren rapiñar aún más y dejan todas las solicitudes que todavía no se han tramitado en lista de espera. Suponemos que para obligarles a pagar desde el 1 de julio, siempre y cuando tengan la posibilidad de poder acceder al servicio, ya que con el nuevo contrato se limitan las concesiones, por el abaratamiento de la concesión que no va a poder ofrecer la teleasistencia a todas las personas que lo soliciten. Es decir que la única prestación que todavía no había sufrido recortes apreciables, recibe dos de una vez: copago y denegación (o lista de espera, pendiente de una baja, para dar un alta). Lo que, aparte de mostrar la mezquindad de nuestros Gobernantes, crea un estado de indefensión en los solicitantes, que, sin duda, lo necesitan, además de poner en peligro su vida, por un puñado de monedas, que no ahorrarán cuando vayan a sus fiestas, comilonas, homenajes y saraos.

Los trabajadores y trabajadoras de los Centros de Servicios Sociales entendemos que, además de sufrir, las lógicas y fundadas quejas de los usuarios, es un nuevo y salvaje ataque contra un servicio público imprescindible para las personas mas desfavorecidas, y que crea una importante frustración entre la plantilla municipal de estos centros.

Compañeras / Compañeros, Ciudadanas / Ciudadanos, cada vez se hace mas evidente y necesaria una profunda regeneración social y política, que necesariamente tiene que pasar por que se vayan y asuman responsabilidades penales  todos los Políticos y poderes sociales y económicos que han participado o han sido cómplices de la situación actual.  Es necesario dar la responsabilidad y el protagonismo precisos a la ciudadanía;   Recordemos que, si nos lo proponemos, somos nosotras y nosotros los que tenemos el verdadero poder.