DENUNCIA ANTE LA FISCALIA

Denuncia de trabajador@s y delegad@s de la junta de personal y comité de empresa ante la fiscalía, para que investigue a l@s responsables actuales y anteriores del Ayuntamiento de Madrid, por los hechos e indicios que a continuación se detallan.

Por la presente, l@s trabajador@s y Delegad@s Elect@s de la Junta de Personal y Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid y OOAA abajo firmantes, teniendo conoci­miento de determinados hechos que pudieran ser constitutivos de infrac­ciones o delito, Instamos a la Fisca­lía a que investigue las siguientes cuestiones relacionadas todas con el Ayuntamiento de Madrid, OOAA y Empresas Municipales:

1 Las subidas presupuestarias en Capitulo 1 que repercuten en au­mentos salariales realizados en el Ayuntamiento de Madrid, tras la aprobación de las Leyes y normas que regulan e imponen la máxima austeridad presupuestaria en las Administraciones Públicas. Voca­les asesores, altos cargos de Em­presa Funeraria, a pesar de que se declaran perdidas, etc.

2 La enorme deuda contraída en los últimos años. (7.000 millones de euros). Buena parte de ella genera­da por una obra M-30 presupues­tada inicialmente en 2.500 millo­nes y que ha costado 6.000 millo­nes. Obra declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Supe­rior de Justicia de Madrid. Esta enorme deuda ha Hipotecado a las madrileñas y madrileños posible­mente de por vida e impide que se ayude desde la institución munici­pal a las ciudadanas y ciudadanos más desfavorecid@s y azotad@s por la crisis.

3 El mantenimiento de contrato la­boral y el pago del sueldo, incluso en el tiempo en el que estuvo de­tenido, de un trabajador eventual Condenado por la Justicia. Ángel Carromero.

4 El pago de 120.000 euro de los fon­dos públicos Madrileños a la Cor­poración Municipal a la Fundación Deporte Cultura e Integración So­cial de Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres.

5 Las maniobras financieras del Ayuntamiento en Madridec, de­nunciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

6 La venta de lotes de viviendas so­ciales, que hemos pagado las ma­drileñas y madrileños con la fina­lidad de cumplir con el derecho Constitucional a una vivienda dig­na para l@s más necesitad@s, a grupos financieros por precios muy inferiores a los de mercado incluso inferiores al coste de construcción. En la actualidad ya se están mo­dificando al alza las condiciones de los contratos a l@s ciudadan@s que fueron adjudicatari@s de las viviendas sociales.

7 La construcción de la Caja Mági­ca, obra cara y deficitaria que no se permite utilizar a la ciudadanía y la reforma del Palacio de Cibeles que, ya en época de crisis, ha su­puesto un enorme e innecesario gasto a las Madrileñas y Madrile­ños.

8 El pago de la Teleasistencia a las personas mayores y discapacita­das. En su día se anunció como un servicio gratuito y ahora se es­tá cobrando a la mayoría de l@s usuari@s, todo ello a pesar de la contribución extraordinaria de l@s pensionistas en el menor impacto de la crisis. Algun@s ancian@s y discapacitad@s están renuncian­do al servicio con el consiguiente riesgo en su integridad física. La pregunta es clara, ¿la baja obliga­da de l@s usuari@s a la prestación del servicio, ha implicado y/o pue­de implicar alguna victima grave o mortal?.

9 El pago de alquileres de edificios a precios desorbitados que el Ayun­tamiento ha venido realizando du­rante años, teniendo edificios pú­blicos vacíos , así como la venta de edificios públicos a precios in­feriores al mercado. ¿Cómo puede ser que se malvenda el patrimonio de la ciudadanía sin su expresa autorización?.

10 La privatización de los Servicios Públicos. Como ha quedado de­mostrado, incluso ha sido reco­nocido por el Tribunal de Cuen­tas recientemente, sale mucho más cara la gestión privada que la gestión pública. Recientemen­te por ejemplo se ha privatizado la gestión de los Parques y Jardines Históricos duplicándose el presu­puesto de personal, pues se paga a los Funcionarios y a las empre­sas concesionarias. Hemos asis­tido también a la lucha de l@s trabajador@s de limpieza a los que se les quería recortar el sala­rio y los derechos de forma radi­cal. Todo ello como consecuencia de que las empresas no renuncian a sus márgenes de beneficios. Nosotr@s tenemos serias sospe­chas de que también existen inte­reses espurios en la privatización de los servicios públicos, ya vivi­mos por ejemplo la venta de la em­presa de Servicios Funerarios por 100 pesetas. Nosotr@s sospecha­mos que los nuevos contratos in­tegrales de mantenimiento que ha realizado el Ayuntamiento, han si­do pactados previamente con las empresas concesionarias, que di­cho sea de paso siempre son las mismas, repartiéndose los lotes como “buenos colegas”, a sabien­das de que iba a suponer la preca­rización del servicio y de las con­diciones de l@s trabajador@s, in­cluso los despidos de trabajadoras y trabajadores.

L@s trabajador@s Públicos del Ayun­tamiento de Madrid, hemos sufrido, además de los recortes y restricciones generales para todos l@s emplead@s públic@s, la supresión de la mayoría de las Ayudas Sociales que tenemos reconocidas en Acuerdos y Conve­nios. Asimismo se nos ha suspendi­do el derecho a recibir el premio por años de servicio.

Por los mismos motivos, económicos y de gestión, también se está dene­gando, por ejemplo, el derecho reco­nocido y ejercido en la actualidad por múltiples administraciones Publicas a la Jubilación Parcial para el perso­nal Laboral.

El Ayuntamiento está recortando constantemente los servicios públi­cos para la ciudadanía más necesi­tada que, como es bien sabido, cada vez es más numerosa. Somos, des­pués de Rumania, el País de Europa donde hay mas pobreza infantil.

Por tanto, con independencia de la enorme injusticia social, moral y éti­ca que a nuestro juicio suponen las cuestiones planteadas, entendiendo que vivimos de verdad en un Estado Social y Democrático de Derecho, de­nunciamos todos estos hechos con la esperanza de que se investigue por la Justicia si estos han podido vulnerar las Leyes y normas del Estado.

Adjuntamos documentación respec­to a los hechos que denunciamos.

También damos traslado de estos he­chos a la Intervención General del Es­tado y al Tribunal de Cuentas a los efectos oportunos.

Datos del Instituto Nacional de Esta­dística 2013

El 21,6% de la población española vive por debajo del umbral de la po­breza, al descender los ingresos de la población provoca que el umbral ba­je. El nuevo indicador que combina el riesgo de pobreza, carencia mate­rial y la baja intensidad de empleo, el indicador AROPE, se sitúa en el 28% de la población española. Mientras, el 16,9% de los hogares españoles en­cuentran muchas dificultades para llegar a fin de mes.

Madrid a 2 de abril de 2014